José Patiño, el verdugo de Cataluña

El 16 de septiembre de 1714, cinco días después de que la ciudad de Barcelona sucumbiera al sitio de las tropas borbónicas, José Patiño, nombrado superintendente de Cataluña por Felipe V, convocó a los miembros del Consejo de Ciento, máxima institución municipal. El borbónico los recibió de pie, con pose arrogante y exhibiendo un documento: el decreto del duque de Berwick, general del ejército, que dictaba la disolución del Consejo de Ciento, institución con más de cinco siglos de historia.

En primer lugar les anunció el contenido del texto y después, buscando una humillación aún mayor, ordenó a los consejeros que allí mismo se quitaran las insignias de su cargo, entregaran todas las llaves de la Casa de la Ciudad y devolvieran los libros y toda documentación. Horas después, la misma escena se repetía con los representantes de la Generalitat y del brazo armado de la ciudad. De esta manera, un solo hombre ponía fin al histórico sistema institucional catalán.

Patiño era miembro de una familia de origen gallego que llevaba generaciones vinculada a la burocracia de la monarquía hispánica. Su padre había sido miembro del Consejo de Su Majestad en Milán, ciudad que en aquel momento estaba bajo dominio español. Esto explica que él iniciase su carrera burocrática en Italia, después de pasar algunos años en un seminario de los jesuitas, aunque nunca llegó a ordenarse. De su educación religiosa heredó dos rasgos que lo distinguían, un gran espíritu de obediencia y el celibato: nunca se casó.

El 24 de abril de 1713, el rey Felipe V reunió a un grupo de hombres para encargarles la ocupación del Principado y, entre ellos, José Patiño recibía la misión “de establecer el método en que las armas debían entrar en Cataluña”. El 1 de julio el ejército borbónico empezaba la ocupación final de Cataluña.

Patiño, como quiso dejar claro desde el primer día ante las viejas autoridades del Principado, tenía una misión clara: abolir las principales instituciones del país, implementar el Decreto de Nueva Planta en Cataluña y poner en funcionamiento un nuevo modelo tributario, con la voluntad de que los catalanes también contribuyesen a las arcas del Estado.

Respecto a las instituciones, el Consejo de Ciento fue sustituido durante cuatro años por una junta de administradores formada por 16 miembros y presidida por Patiño. En realidad, los administradores prácticamente no tenían funciones más allá de obedecer las órdenes del superintendente. No es extraño, ya que también había confiscado y puesto bajo su control directo todos los ingresos y propiedades que habían pertenecido a la institución. El ahogo llegó a ser tan grande que los administradores, el 12 de enero de 1715, en una carta enviada al superintendente, exclamaban que no había recursos para la reconstrucción de la ciudad, ni para atender los hospitales, pagar a los funcionarios o adquirir trigo para llenar los almacenes de reservas y que, lo poco que se les daba, se había de utilizar en el mantenimiento de las casas ocupadas por altos oficiales del ejército borbónico.

Una vez desmanteladas las instituciones, el 12 de marzo de 1715, Felipe V pidió un informe a Patiño, sobre cuál debería ser la mejor estructuración política para Cataluña. En su informe el superintendente empezaba recordando que se debía considerar al Principado “como si no tuviera gobierno alguno”, y apostaba por mantener la Real Audiencia y el derecho privado, pero no aceptaba ninguna concesión en el aspecto institucional. Definía a los catalanes como “aficionadísimos a todo género de armas, prontos en cólera, rijosos y vengativos” y, por lo tanto, “siempre se debe recelar de ellos” porque “aguardan coyuntura para sacudir el yugo de la justicia”. Pero además añadía: “[…] son apasionados de su patria, con tal exceso que les hace trastornar el uso de la razón”. Y partiendo de este análisis, aseguraba que después de perder la guerra el orgullo de los catalanes estaba abatido, pero esto no quería decir que estuviesen convencidos, ya que según él sólo respetaban las decisiones reales por la fuerza de las armas y por eso afirmaba que “la quietud y obediencia debe afianzarse con éstas”. Una apuesta clara por la ocupación militar. Finalmente recomendaba eliminar la lengua catalana de la esfera pública.

Como hombre fuerte de la nueva Cataluña borbónica, Patiño tampoco quedó al margen de la represión, a pesar de que los asuntos militares estaban en manos del capitán general. Como presidente de la Junta Superior del Gobierno, sólo tenía poder absoluto en temas civiles y fiscales, pero en estos campos también podía hacer daño. La primera tarea que llevó a término fue hacer la lista de los represaliados a los cuales se les habían de confiscar los bienes, y anuló todas las donaciones de recursos y bienes que se habían hecho durante el gobierno del archiduque Carlos de Austria. Así castigaba a los resistentes y aumentaba los ingresos de la Corona. Con este segundo propósito introdujo en papel sellado el 9 de marzo de 1715, que se puede considerar el primer impuesto real de la historia catalana, y planificó la introducción del catastro. Durante aquellos años la omnipresencia de Patiño era tan grande que incluso se desplazó a Cervera para elegir el punto exacto donde construir la universidad.

Después de cuatro años y una vez finalizada la tarea de poner a Cataluña bajo el yugo borbónico, fue premiado con diversos cargos importantes en la corte. Días antes de morir fue nombrado grande de España por el rey. Durante el tiempo que permaneció en Cataluña, Patiño no dudó en considerar a los catalanes como “los otros”, una población que había que atar en corto si se quería controlar el país. Y la arrogancia siempre lo acompañó como una sombra. Los historiadores españoles no dudan en calificarlo de “ministro universal”. Para los catalanes, en cambio, es la oscura figura de quien planeó y ejecutó la destrucción de muchos hechos diferenciales catalanes, desde las administraciones hasta la lengua.

Fuente:
María Coll / Ángel Casals. L’exterminador de Catalunya – Sàpiens nº 148

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